Así lo ha explicado al término de la conferencia interparlamentaria “La UE y el Sáhara Occidental: después de las sentencias del TJUE”, que ha coorganizado con miembros del Intergrupo de la Eurocámara sobre el Sáhara Occidental pertenecientes a cuatro grupos parlamentarios distintos, y en la que se ha analizado desde diferentes puntos de vista cómo la Comisión Europea está actuando al margen de la legalidad internacional y de las decisiones de su propio tribunal.
“La Comisión Europea ha decidido seguir negociando con Marruecos la renovación del acuerdo de pesca con el pretexto de que buscará fórmulas que beneficien al pueblo saharaui, pero eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que no se puede firmar ningún acuerdo que toque aguas saharauis y que en todo caso se debe negociar con sus autoridades”, ha señalado. Lo que “reclamamos es que la Unión Europea acate y respete esta sentencia y que de una vez por todas se siente a negociar con el Frente Polisario” que, ha insistido, “es el representante reconocido por Naciones Unidas”.
La conferencia – que ha contado con la presencia de varios cargos públicos de Izquierda Unida como el eurodiputado Javier Couso; el diputado por Sevilla en el Congreso Miguel Ángel Bustamante; la diputada en el Parlamento gallego y coordinadora de Esquerda Unida, Eva Solla; Amaia Arenal, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao; o el activista saharaui Hassana Aaalia-, ha girado en torno a tres ejes principales: la implicación de las sentencias del TJUE para la UE y sus Estados miembros; para las empresas y los sectores industriales; y propuestas para fortalecer el apoyo europeo a los activistas saharauis.
La primera mesa ha contado con la presencia de la presidenta del Intergrupo Jytte Guteland (S&D); el presidente del Parlamento saharaui, Khatry Adouh; la presidenta de la Asamblea Regional de Emilia-Romagna, Simonetta Saliera; y de Lindiwe Zulu, ministra de Desarrollo de las pequeñas empresas de Suráfrica.
Adouh ha advertido de que “la UE tiene un desafío muy importante por delante” con este tema, ya que, en su opinión, “debe instar a Marruecos a respetar la legalidad internacional, aceptar colaborar con el enviado personal de la ONU, , que acuda a las negociaciones sin condiciones previas y que interlocute con el Frente Polisario. Además, ha dicho no entender “por qué la UE sigue negociando con Marruecos para renovar acuerdos de pesca o sobre los demás recursos naturales del Sáhara Occidental” y que haya Estados miembros “que están empujando a la UE a mantener estas relaciones con Marruecos con bases injustas y fuera de la legalidad internacional”.
La segunda parte de la conferencia ha estado protagonizada por Vincent Piket, representante del Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la UE, cuya intervención en defensa de que Bruselas siga negociando con Rabat acuerdos comerciales de espaldas al Polisario ha levantado numerosas críticas. Piket ha afirmado que la Comisión Europea y el SEAE han llegado a la conclusión de que deben “adaptarse” a la sentencia del TJUE, pero ese “adaptarse” no implica respetar las sentencias, sino sortearlas, y eso se ha puesto de manifiesto cuando ha justificado que “para encontrar una solución” tienen que “tener en cuenta la postura de Marruecos” y que incluso si se plantearan “desarrollar algún tipo de proyecto con el Sáhara Occidental”, deberían hablar con Marruecos “porque el Sáhara Occidental es una entidad que aún no ha tenido su referéndum de autodeterminación”.
El SEAE se ha posicionado de esta manera al margen de Naciones Unidas, que no sólo reconoce al Polisario, sino que establece claramente que Marruecos es fuerza ocupante y en ningún momento potencia administradora del Sáhara Occidental.
Un ejemplo de cómo la UE puede actuar en sintonía con su propio tribunal lo ha puesto Erik Hagan, presidente de Western Sahara Resource Watch (WSRW), quien ha explicado que países como Noruega han conseguido que sus empresas dejen de importar productos saharauis etiquetados como si fueran de Marruecos y ha criticado duramente a la Comisión Europea por poner “en una situación muy difícil a las empresas europeas, porque acabarán violando las leyes con un acuerdo comercial empujado por razones políticas”.
Andrés Góngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado todo el apoyo de su organización a la causa saharaui y ha recordado que en 2011 un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de asociación con Marruecos concluía que “era oscurantista” y los técnicos reconocían que “carecían de información para saber si realmente Marruecos estaba o no haciendo negocio a costa de los productos saharauis”.
La última mesa, ha estado centrada en las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos, algo que López ha calificado de “fundamental”, porque “nuestra posición ha sido siempre muy clara con respecto a este tema: La UE no puede establecer relaciones comerciales de preferencia con Marruecos u otros gobiernos que no respetan los derechos humanos e incumplen las resoluciones ONU”.
Brahim Dahane, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, ha denunciado que Marruecos no esté “permitiendo la entrada al Sáhara Occidental a observadores, parlamentarios y activistas europeos” y ha criticado a Francia y el Estado español por usar la ayuda humanitaria “como un mecanismo de presión sobre el Frente Polisario”. “No pueden comprar nuestro silencio con ayuda al desarrollo mientras roban nuestros recursos”, ha dicho.
Mahjoub Meliha, coordinador de la sociedad civil saharaui, ha acusado a la UE de querer “prolongar la ocupación” con su postura en torno a las sentencias del TJUE y ha rechazado “que se negocie sobre nuestro territorio con el ocupante”. Por otro lado, ha pedido garantías de que “las relaciones con Marruecos, aunque sean muy importantes para la UE, no minan el trabajo del enviado de Naciones Unidas en su esfuerzo por defender la paz en el Sáhara Occidental amparándose en nuestro legítimo derecho a la autodeterminación”.
