Los organismos internacionales piden la aplicación y adopción del derecho internacional humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra como base fundamental para la protección de los civiles saharauis.

Ginebra (Suiza) 09 de septiembre de 2019: un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que trabaje para garantizar la aplicación del derecho internacional humanitario en el Sáhara Occidental, el Territorio no autónomo y la confianza en los artículos del Cuarto Convenio de Ginebra como norma fundamental en la protección del pueblo saharaui. Desde 1975, ha sido víctima de las formas más atroces de crímenes de guerra perpetrados sistemáticamente por los servicios de seguridad marroquíes, sin ningún compromiso con los artículos de la Convención, en particular, los artículos 31 y 32 (que prohíben la tortura física y psicológica, el trato degradante e inhumano) y el artículo 33 (prohibición del castigo colectivo y el contrabando). El artículo 49 (que prohíbe la deportación o la transferencia forzada o masiva de personas protegidas fuera del territorio de su país), así como los artículos 53 (que prohíbe la destrucción de bienes inmuebles o personales de personas o grupos) y 76 (sobre el tratamiento especial de los detenidos), que constituyen violaciones de crímenes y crímenes de guerra. Contra la humanidad y el genocidio cultural.
Las organizaciones internacionales confirmaron que la continua ocupación marroquí del Sáhara Occidental causó una desastrosa situación de derechos humanos, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó anteriormente en su visita a la región en 2006, ya que todas las violaciones graves de los derechos humanos y las preocupaciones en la región se relacionaron con la no realización del referéndum de autodeterminación. Las Naciones Unidas, la misma situación en la región hoy, ha aceptado 45 años de ocupación ilegal en medio de un bloqueo militar y mediático para retener los crímenes cometidos por el ejército marroquí contra civiles desarmados, según confirmó el Secretario General de la ONU. Este último fue presentado al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental, en el que planteó el problema de la no presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos debido a la obstrucción del acceso del ACNUDH, así como a los observadores, abogados y periodistas internacionales al Sáhara Occidental.
Las organizaciones también destacaron el ataque de las autoridades marroquíes a periodistas saharauis que intentan informar al público internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y su acoso, detención y simulacros de juicios, como el caso de la novia y el periodista Nador Nadour, cuyo equipo de detención y juicio consideró su detención y retribución como represalia, en violación de los artículos (1, 2, 14, 19, 26 y 27) del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Civiles y Políticos (PIDCP), así como el caso del detenido político Naama Asfari, en el que el Comité contra la Tortura ha emitido una condena contra el Reino de Marruecos Vapsi y física, que sufrió durante su detención e interrogatorio en comisarías de policía y la gendarmería marroquí 2010. Esto se suma a los hechos de sangre que han ocurrido recientemente en los ojos ocupados y comenzó la víctima joven HAMIDA mañana evacuada por dos coches atropellado a dos policías.
Las organizaciones renovaron su llamamiento para la implementación de la resolución de la Asamblea General (73/105/17) instando a las agencias de la ONU a proporcionar asistencia a los Territorios no autónomos lo antes posible. Pidiendo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cumpla con los compromisos expresados ​​en la Conferencia Humanitaria Mundial (Estambul, 23-24 de mayo de 2016) para condenar todas las violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos y que tome medidas concretas para garantizar que los autores de crímenes que constituyan crímenes de derecho internacional Y luego monitorear e informar sobre el impacto de los conflictos en los activistas de derechos humanos para garantizar el disfrute de los derechos humanos como parte de sus informes exhaustivos sobre las violaciones del derecho internacional humanitario.